Primera etapa: Medidas urgentes (2008)
a) Reformas legales
1. Archivar y no aprobar el proyecto de Código Penal que se encuentra en la Asamblea Legislativa.
2. Promover las reformas legales urgentes
a. Equilibrar los derechos procesales de las víctimas, rescatando el papel que les corresponde, de tal suerte que se tome en cuenta su opinión, se le informe efectivamente, ejerza los mismos recursos que la fiscalía y pueda rendir su testimonio en las audiencias judiciales, sin la presencia del victimario.
b. Aplicar la prisión preventiva a los imputados por delitos graves y reincidentes en delitos contra la propiedad, con el afán de que no ataquen a más víctimas y el Ministerio Público acelere las investigaciones, de modo que interponga las acusaciones con más rapidez, se fallen los casos en el menor tiempo posible y las condenas se hagan efectivas con prontitud.
c. Ampliar el plazo de la prescripción en el delito de lesiones culposas, pues en muchos casos, especialmente en accidentes de tránsito, en los que las secuelas físicas y psíquicas son muy graves y de lenta recuperación, ha llegado a extinguirse la acción penal por la brevedad del término previsto en la ley actual, Además, precisamos que la interposición de la querella, en los casos en que la fiscalía autoriza la conversión de la acción penal pública en privada, interrumpa la prescripción y el término corra de nuevo.
d. Otorgar el derecho a la víctima de solicitar embargo en los bienes del imputado y de las personas civilmente solidarias con él, de modo que se garantice el pago de la eventual indemnización.
e. Incrementar las penas, tanto de prisión como de suspensión de la licencia, cuando ha mediado licor, drogas o “piques”, en los casos de homicidios culposos y lesiones culposas, derivados de un hecho de tránsito.
f. Eliminar las cuantías en los delitos contra la propiedad, es importante, pues esos montos establecidos arbitrariamente, no tienen relación con la gravedad de las conductas desplegadas por el delincuente.
g. Ampliar la lista de delitos graves que justifican la autorización de intervenciones telefónicas, para la correcta investigación policial o jurisdiccional.
h. Establecer una base de datos de acceso público, sobre los condenados por delitos muy graves, de tal suerte que la ciudadanía puede informarse debidamente.
i. Fijar la pena de los siguientes delitos: favorecimiento personal, receptación, receptación de cosas de procedencia sospechosa y favorecimiento real, en el rango de 3 a 5 años.
j. Reformar la legislación para asegurar el derecho de propiedad, de modo que se decrete rápidamente la nulidad evidente y manifiesta de los traspasos fraudulentos y se exija la presencia del propietario en el Registro, para el traspaso, la hipoteca y la prenda de sus bienes.
3. Hacer los ajustes que requiere la Ley de Migración y fortalecer la policía de migración.
4. Aprobar las normas necesarias para fortalecer la prevención de la dependencia de las drogas y conformar una institución que brinde el tratamiento a los adictos.
b) Reorganización policial
5. Encargar a los directores de la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial, la Policía de Tránsito y la Dirección de Inteligencia y Seguridad, la elaboración de un “Plan policial para el rescate de los derechos vitales a la libertad, la justicia, la seguridad y la paz”, que permita desarrollar las acciones preventivas y represivas indispensables para enfrentar la criminalidad, en estos momentos, partiendo del plan que trazarán los directores de estas policías, en un plazo de un trimestre y será presentado a la “Comisión mixta permanente de Libertad, Justicia y Seguridad” de la Asamblea Legislativa.
6. Lograr que los agentes del OIJ sean autorizados legalmente para interrogar y entrevistar a los imputados, pues es una tarea imprescindible para el buen desarrollo de la pesquisa policial.
7. El Ministerio de Hacienda, con el apoyo de los diputados, dotará de los recursos económicos necesarios a las policías preventivas y represivas, así como al Ministerio Público, para que puedan cumplan eficientemente con sus cometidos, en esta etapa de emergencia.
8. Poner en funcionamiento de inmediato y promulgar las reformas legales indispensables para crear un “Centro estratégico interpolicial” (CEI), conformado por la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial, la Dirección de Inteligencia y Seguridad y la Policía de Tránsito, que se encargará de :
a. Recopilar y clasificar la información criminológica y victimológica, que permita diseñar y poner en marcha la estrategia policial preventiva y represiva.
b. La organización y dirección de la Academia Costarricense de Ciencias Policiales, que permita instruir y entrenar a los miembros de todos estos cuerpos policiales.
c. Elaborar la Doctrina de las Policías de Costa Rica.

FAQ
Registrate
Ingreso